Impuestos y gastos con un sentido de justicia social

En esta edición del Boletín, proponemos mirar la política fiscal no como una herramienta técnica, sino como un instrumento político y ético para reducir desigualdades y garantizar derechos humanos de esta y de futuras generaciones. Lo hacemos en un momento clave: tras la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiamiento para el Desarrollo (FFD4), celebrada en julio de 2025 en Sevilla. Allí, los Estados se reunieron para repensar cómo movilizar los recursos necesarios para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en un contexto global marcado por la crisis del multilateralismo, la emergencia climática y una crisis del costo de vida que golpea con más fuerza a las mayorías vulnerables.

La FFD4 dejó un mensaje contundente: urge transformar la arquitectura financiera internacional. El sistema actual perpetúa privilegios y excluye al Sur Global. La propuesta de la OCDE sobre un impuesto mínimo global del 15%, definida por países ricos, ignoró las demandas de economías más vulnerables, limitando su margen fiscal y beneficiando a multinacionales en detrimento del bienestar ciudadano, especialmente de países de menores ingresos. Estas dinámicas debilitan la cooperación internacional. Se necesita un nuevo marco financiero global, más justo, equitativo y participativo.

Mientras tanto, en el día a día, dos realidades nos confrontan con fuerza. La primera es la crisis climática. Aunque sus efectos son evidentes —sequías, cortes de agua, olas de calor extremo— muchas políticas fiscales siguen premiando a los sectores más contaminantes, con beneficios tributarios. En lugar de promover un desarrollo económico más justo, amplifican las brechas sociales y ambientales, afectando especialmente a quienes menos contribuyen al problema.

La segunda es la persistente invisibilización del trabajo de cuidado. A pesar de que hoy sabemos cuánto aporta este trabajo a la economía —y de que existen avances en su medición— las personas que cuidan siguen enfrentando condiciones precarias. Falta el paso más importante: convertir ese reconocimiento en políticas públicas que garanticen derechos y reparen desigualdades históricas.

Por eso, junto con Diana Guzman y Sergio Chaparro,  reflexionaremos sobre el rol central de la cooperación internacional y la política fiscal para transformar esas realidades, a través del artículo que llamamos «El compromiso de Sevilla no debe quedarse en un papel», escrito por Sergio Chaparro y yo, Mariana Matamoros.  De otro lado, el artículo Los presupuestos para el clima escrito por mi aporta una mirada crítica al rol de los presupuestos y a la necesidad de generar sistemas tributarios justos que dejen de beneficiar a las industrias extractivas, que destruyen ecosistemas y concentran enormes ganancias, y empiecen a priorizar a quienes sostienen la vida todos los días. En una tercera entrada titulada “Lo que pesa en el carrito: la historia oculta de los impuestos «neutrales” Diana Guzmán y yo, resaltamos el rol de las madres cabeza de hogar que, con su trabajo de cuidado, aportan a la economía y a su comunidad, pero apenas reciben un salario mínimo a cambio y se ven afectadas por decisiones de políticas públicas. 

Hablar de política fiscal es hablar de los ingresos y gastos del Estado, pero sobre todo de su poder para transformar vidas y definir el futuro que queremos construir.