La falta de garantías electorales deberían llevar a quienes realmente creen en la democracia a no votar por ningún candidato que signifique un continuismo de estas prácticas antidemocráticas de la coalición gubernamental y sus aliados.

La regularización debe venir acompañada de políticas de integración social que permitan a las personas migrantes insertarse en el aparato productivo del país. El Gobierno está llamado a construir políticas alimentarias incluyentes, sostenibles, con un enfoque diferencial, que tengan como objetivo el aseguramiento de este derecho, ya que de alimentarse adecuadamente depende la vida.

Los candidatos tienen todos estos meses parar construir los acuerdos políticos y los consensos sociales que les permitan presentar al Congreso las leyes necesarias para enfrentar el hambre, la pobreza o la inseguridad. Declarar un estado de excepción no es más que nostalgia del abuso del estado de sitio y del hiperpresidencialismo, venenosos males que tenemos que superar.