Mientras con la pandemia el acceso a la justicia se ha visto dificultado en las grandes ciudades, en algunos territorios se ha producido una ruptura casi total entre los usuarios que no cuentan con la capacidad de acercarse a los tribunales y juzgados y estos que no tienen las herramientas para recibir las demandas de justicia adecuadamente. 

La aprobación del Acuerdo de Escazú sería además un mensaje poderoso a los líderes ambientales de que las amenazas en su contra importan al Congreso. Su rechazo significaría que esas muertes y amenazas, que son una de las razones de la minga, no conmueven ni interesan a los parlamentarios.

El Gobierno ve la marcha de los indígenas, y en general toda la protesta social, con una mezcla de displicencia y antipatía, y cuando se refieren a las masas inconformes que salen a las calles y las carreteras, solo se les ocurre decir que todo eso está orquestado por una criminalidad mafiosa o subversiva. Para ellos la protesta legítima no existe, como tampoco existe el conflicto armado.