La vocación humanista de los derechoa humanos, más allá de la distinción de grupos y naciones, ha sido amortiguada por la dinámica política al interior de los países, que lo absorbe casi todo e impide ver la imagen ampliada de los padecimientos humanos.

El Estado peruano, desde sus mismos compromisos con el derecho internacional, tiene como obligación garantizar la democracia y, en ese marco, el derecho de la sociedad civil a asociarse y a expresarse. Sin embargo, estamos ante un grave contexto de cierre del espacio cívico que empieza a mostrar distintas señales de alerta, a las que es urgente ponerles atención.

Deberíamos tener menos órganos de control, más pequeños y con funcionarios de carrera especializados. Sería más barato y nos iría mejor. Y específicamente deberíamos retomar el debate que algunos hemos planteado sobre la supresión de la Procuraduría, o al menos su radical achicamiento burocrático y funcional.