Una de las prácticas más odiosas de los regímenes autoritarios es la de castigar a alguien por el simple hecho de pertenecer a un grupo social que el régimen considera peligroso. Los estudiantes en las dictaduras militares, los homosexuales en las teocracias islámicas o los negros en el Apartheid, son solo los ejemplos más visibles. Esta práctica está fundada en una ideología que se conoce como peligrosismo penal, proscrita desde los inicios del siglo XIX, pero que estamos lejos de haber desterrado de las democracias occidentales, como bien lo muestra la composición social de la poblaciones carcelarias. Aquí quiero hablar de un tipo de peligrosismo del que se habla poco, pero que no solo persiste sino que progresa. Me refiero a la manera discriminatoria como los países tratan a los inmigrantes cuando entran y salen de sus fronteras. Los colombianos padecemos, como pocos, ese mal trato y, sin embargo, repito, hablamos poco de él; como si se tratara de una fatalidad contra la cual no podemos hacer nada.

Fernando Savater dijo alguna vez que las guerras se alimentan ante todo de palabras y que, por eso, echar más palabras a la guerra es como echar más leña al fuego.

En su última columna, “la ley del embudo”, Salud Hernández dice que quienes critican al procurador son fundamentalistas religiosos que defienden un modelo sagrado de sociedad. Hernández los acusa de cometer el mismo pecado que estos denuncian (la intolerancia) pero sin oír sus argumentos.