El caso húngaro y sus leyes contra las ONG

Si se echa una rana en agua hirviendo, saltará inmediatamente. Pero si se aumenta lentamente la temperatura, permanecerá allí hasta que sea demasiado tarde. Así es como desaparece el espacio cívico: no con una represión repentina, sino mediante un aumento gradual de la presión legal que erosiona la actividad cívica, hasta que no queda espacio.

El giro autoritario de Orbán

Desde que volvió al poder en 2010, Viktor Orbán ha desmantelado sistemáticamente las instituciones democráticas de Hungría. Respaldado por una mayoría constitucional, su partido, el Fidesz, ha modificado la Constitución quince veces y ha reformado el ordenamiento jurídico del país. Los medios de comunicación han quedado bajo la influencia del Estado, la educación se ha politizado y el poder judicial ha sido cooptado.

Uno de los objetivos más persistentes es el espacio cívico. El Gobierno de Orbán ha invocado la transparencia y la soberanía nacional para justificar una serie de leyes destinadas a sofocar la sociedad civil independiente.

LexNGO y el comienzo de la represión legal

En 2017, Hungría aprobó la Ley sobre la transparencia de las organizaciones que reciben fondos extranjeros —LexNGO 2017—, que supuso la primera de una serie de leyes utilizadas para etiquetar a los grupos independientes como agentes extranjeros. La ley exigía a las organizaciones que recibían más de 7,2 millones de HUF al año (unos 24 000 euros) del extranjero que se registraran y se etiquetaran públicamente como «financiadas con fondos extranjeros», revelando quiénes eran sus donantes.

La ley afectó de manera desproporcionada a las OSC críticas con el Estado y provocó un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea. En 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que la LexNGO 2017 infringía la legislación de la Unión Europea (UE) por dos motivos. Violaba la libre circulación de capitales prevista en el artículo 63 del TFUE al disuadir las donaciones transfronterizas, e infringía los derechos de libertad de asociación y vida privada, al imponer una injerencia indebida en el funcionamiento de las organizaciones independientes. El tribunal reconoció la transparencia como una justificación legítima, pero consideró que las medidas de Hungría no eran necesarias ni proporcionadas. El TJUE pidió la derogación de las leyes.

Hungría derogó la ley tras un año de retraso, pero la sustituyó por la LexNGO 2021. La LexNGO 2021 faculta a la Oficina de Auditoría del Estado para inspeccionar las ONG con presupuestos anuales superiores a 20 millones de HUF (unos 53 000 euros). A pesar de haber cambiado de nombre, su funcionamiento es similar al de su predecesora, lo que le ha valido críticas similares por su aplicación discriminatoria y posibles infracciones del Derecho de la Unión. La LexNGO 2021 sigue en vigor a pesar de las denuncias constitucionales en curso.

La misma táctica se siguió con la legislación Stop Soros, que penalizaba la asistencia a los solicitantes de asilo. El TJUE la consideró incompatible con la legislación de la UE, pero Hungría solo introdujo cambios menores y mantuvo las disposiciones fundamentales.

En ambos casos, el Gobierno húngaro ha retrasado, renombrado o diluido las leyes, pero nunca ha cumplido plenamente con el TJUE, lo que socava la autoridad del ordenamiento jurídico europeo.

Escalada: «Operación Hambre y Estrangulamiento»

En 2023, el Gobierno fue más allá. La Ley de Protección de la Soberanía Nacional estableció un órgano de investigación con amplios poderes y penalizó el uso de fondos extranjeros con fines políticos.

A principios de este año, Fidesz propuso la nueva Ley de Transparencia y Vida Pública, considerada por muchos como el ataque más agresivo hasta la fecha contra la sociedad civil independiente. El núcleo de la propuesta de ley es la facultad discrecional otorgada a la Oficina de Protección de la Soberanía (SPO) para incluir a cualquier organización en una lista de «bajo influencia extranjera». Si una organización es incluida en la lista:

• Se le prohibirá recibir financiación extranjera, a menos que lo apruebe la Agencia Tributaria mediante un procedimiento no regulado y desconocido.
• Dejará de poder optar a las donaciones fiscales del 1 % de los ciudadanos húngaros.
• Los donantes deberán indicar el origen de sus contribuciones.
• El incumplimiento puede dar lugar a multas severas o a la disolución forzosa.

Aunque el proyecto de ley se aplica a cualquier entidad jurídica, los funcionarios del Gobierno y los materiales de la SPO han dejado claro que los objetivos incluyen a los organismos de control, los periodistas, los medios de comunicación independientes y las OSC.

Aunque la votación se ha retrasado, el proyecto de ley sigue vigente y la amenaza es real.

El efecto disuasorio

Aunque estas leyes rara vez dan lugar a acciones legales, su poder reside en su efecto disuasorio. La amenaza de ser incluido en la lista, auditado o estigmatizado desalienta la cooperación y la actividad. Las escuelas evitan colaborar con ONG estigmatizadas. Se rechazan los servicios por miedo a las represalias de la administración. Y los recursos estatales ahora fluyen hacia las ONG organizadas por el gobierno (GONGO), ya que las voces independientes se ven privadas de recursos.

Si se aprueba, la propuesta de Ley de Transparencia y Vida Pública tendría consecuencias mucho más graves. Los procedimientos opacos que no ofrecen ningún recurso legal significativo podrían permitir a las autoridades impedir que las organizaciones incluidas en la lista reciban financiación extranjera y accedan a los ingresos nacionales. El proyecto de ley estrangularía su capacidad operativa y podría dar lugar a prohibiciones o disoluciones forzadas.

Estrategias de resiliencia

A pesar de la presión, la sociedad civil en Hungría se ha adaptado.

Si bien las victorias legales internacionales de la sociedad civil han sido importantes, el sistema más amplio de aplicación de la ley en Europa no ha logrado ser un elemento disuasorio eficaz. Del mismo modo, los litigios nacionales han ofrecido un recurso mínimo, ya que la falta de independencia judicial impide el cambio estructural, como se ha puesto de manifiesto en el caso de Amnistía contra la ley Stop Soros.

Bajo una administración con un poder nacional sin control, ingenio legal e incentivos para restringir el espacio cívico, los litigios deben ser un elemento más de una estrategia de defensa más amplia.

Stefánia Kapronczay, ex codirectora de la Unión Húngara de Libertades Civiles (HCLU), explicó en nuestra entrevista la respuesta de su organización. La HCLU boicoteó LexNGO 2017, desafiando públicamente una legislación inconstitucional que consideraban «tan flagrantemente ilegal por violar los derechos humanos». Cuando se produjeron campañas de desprestigio, utilizaron la publicidad para reafirmar sus valores fundamentales, convirtiendo los ataques en oportunidades para transmitir mensajes estratégicos.

La diversificación de la financiación también se convirtió en una prioridad estratégica, no solo para reducir la dependencia de la financiación extranjera, sino también para reforzar la legitimidad mediante el apoyo de los ciudadanos húngaros a los que defiende la HCLU. Para ganarse la confianza del público, la HCLU superó las normas de transparencia del Gobierno y publicó gráficos financieros comprensibles.

«No hay mejor argumento que señalar a los 6000 húngaros que nos apoyan con su dinero», explicó Stefánia Kapronczay al responder a las afirmaciones de que la HCLU no defiende los intereses húngaros.

La coalición como defensa

Igual de importante que preservar la independencia financiera es establecer la unidad.

En un entorno diseñado para aislar y dividir, Stefánia explicó que, aunque «es humano encerrarse en uno mismo… es una trampa». Responder con unidad es fundamental, ya que la represión puede crear oportunidades para alianzas inesperadas. La presión externa puede alinear a las organizaciones juveniles, medioambientales, comunitarias y de derechos humanos en torno a objetivos comunes.

Por ejemplo, Civiliźació, una coalición de 30 organizaciones principales y más de 300 afiliadas, desempeña ahora un papel clave en la coordinación de las respuestas y la defensa del espacio para la acción cívica independiente.

Un momento de resistencia

Estas estrategias fueron esenciales para combatir la «Operación Hambre y Estrangulamiento».

Más de 325 organizaciones enviaron una carta abierta a la UE y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa instó a los legisladores húngaros a rechazar el proyecto de ley. Los ciudadanos se movilizaron para protestar contra el proyecto de ley en silencio, con la boca tapada con cinta adhesiva para simbolizar el silenciamiento de la sociedad civil.

El retraso supuso un éxito considerable para la sociedad civil, pero el riesgo de escalada sigue existiendo.

Hungría como advertencia

El caso de Hungría sirve de advertencia.

El cierre del espacio cívico no se limita a los contextos autoritarios. Es una tendencia global que está apareciendo en democracias que antes estaban consolidadas.

Al igual que la rana en agua hirviendo, el espacio cívico no se derrumba de la noche a la mañana. Se reduce lentamente a través de cambios legales, presión financiera y estigmatización política, hasta que la amenaza es existencial.

La sociedad civil debe reconocer las primeras señales de alerta: retórica de transparencia y soberanía nacional, ambigüedad jurídica, aumento de las exigencias administrativas y restricciones a la financiación. Estas señales deben desencadenar acciones: creación de coaliciones, diversificación de la financiación y planes de contingencia.

El espacio cívico no está garantizado en ningún Estado, y la mejor defensa es la preparación.

Este blog fue escrito por Oliver Hodges-Jackson, becario del Global North y estudiante universitario del Kings College de Londres, y Nina Chaparro, coordinadora del Programa de Fortalecimiento de Enlaza.