Eating Mercury

Hermano mellizo del oro –ese otro metal que nos define desde El Dorado— el mercurio termina vertido en ríos y suelos por toneladas (200 al año, según cuentas del propio Gobierno a través del Ideam en su reciente informe sobre el estado del agua). A medida que la fiebre del oro subía con el precio (que pasó de 16.000 a 87.000 pesos por gramo en la última década), aumentó el uso ilegal del mercurio para separar el oro de la roca. De ahí que hoy seamos el tercer país con el índice más alto de contaminación de mercurio en el mundo.

Siguiendo el curso del mercurio, queda clara la nueva geografía de la economía ilegal y la violencia en el país, que acaba de denunciar, una vez más, la Contraloría General de la Nación en un informe que requiere atención inmediata. Antioquia, Bolívar y Chocó son los epicentros de la minería ilegal de oro y de la contaminación de mercurio, pero la Contraloría advierte que la contaminación alcanza 80 municipios en 17 departamentos. Llega incluso hasta el Amazonas, donde el reconocido toxicólogo Jesús Olivero encontró niveles de mercurio entre pueblos indígenas que son entre 15 y 20 veces el máximo fijado por la OMS. Con los metales viene el desplazamiento y las amenazas de los grupos armados, como lo hemos visto en los últimos años en La Toma y otros lugares del norte del Cauca.

Bajo el efecto disolvente del Hg de la tabla periódica, aparece nítida la escala de la emergencia ambiental y sanitaria del país. Como lo ha documentado la periodista Angélica Cuevas en este diario, no se trata sólo de la pérdida masiva de bosques y fuentes de agua en municipios olvidados como El Bagre, Segovia, Buenos Aires, Marmato o Timbiquí. Se trata también de las cantidades de mercurio que estamos ingiriendo los millones que estamos atados a esas fuentes de agua por la cadena alimenticia: por el atún enlatado, o por el bocachico o el bagre que compramos en plazas y supermercados.

Si de los problemas se pasa a las propuestas, poner el ojo en el mercurio también puede dar pistas sobre acciones políticas urgentes. Ya se dieron los primeros pasos con la ley nacional que ordena que en 10 años todas las industrias dejen de usar mercurio, la ratificación colombiana del Convenio de Minamata que prohíbe el comercio de mercurio desde 2020 y el reciente plan gubernamental contra la minería ilegal.

Pero aún va mucho de la ley a la realidad. Faltan instituciones fuertes, comenzando por un Invima independiente que certifique la seguridad de lo que consumimos, muy distinto al que respondió con dos piedras los estudios que denunciaron la contaminación del atún enlatado hace un par de años. Y falta un compromiso internacional de las empresas y países compradores de oro, similar al que disminuyó el comercio de diamantes y madera ilegales.

Entre tanto, habrá que seguir tras la pista del mercurio.

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