Eradicating the War on Drugs

Las estrategias sobre cultivos ilícitos en Colombia pasan por dos coyunturas: el aumento de los cultivos ilícitos reportado por Estados Unidos y la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016), donde el Gobierno colombiano es protagonista. Estos hechos revelan la obsesión por eliminar la producción, la distribución y el consumo de las sustancias declaradas ilícitas.

En marzo de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos reportó que durante el 2015 las hectáreas cultivadas en el país alcanzaron las 159 mil, mientras que en 2013 llegaban a 80 mil. Contrario a lo que piensan aquellos a favor del enfoque tradicional de la guerra contra las drogas, este aumento está más relacionado con el precio del dólar y la caída del precio del oro que con la suspensión de las fumigaciones. Es más, la reducción de las hectáreas que el país experimentó en años anteriores puede deberse no a la efectividad de las acciones de la política de erradicación, sino a la diversificación de las economías de los grupos criminales, por ejemplo, la minería ilegal y la captación de recursos públicos.

Las fumigaciones con el herbicida glifosato han sido una equivocación porque han erosionado la legitimidad del Estado y la confianza en las instituciones, y además han impactado negativamente las finanzas públicas vía demandas contra el programa de erradicación de cultivos ilícitos.  

De acuerdo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, existen 253 procesos en contra de 13 entidades del orden Nacional que le podrían costar al erario 1.5 billones de pesos. Ya en el año 2010 la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Defensa habían sido condenados a pagar más 1.150 millones de pesos, a las comunidades de cinco municipios del Cauca, afectadas por aspersiones indiscriminadas sobre cultivos de caña panelera, papaya, plátano, café y yuca.

Es necesario ir más allá de las buenas intenciones del Gobierno en UNGASS 2016, e implementar cambios en la política pública para enfrentar las dificultades que a diario viven las comunidades rurales que siembran el arbusto de coca. Las autoridades en Colombia deben abandonar toda acción que implique un desconocimiento de los derechos de sus ciudadanos, cambiando el enfoque de la erradicación (a través de aspersión aérea o por vía manual) por el desarrollo integral de esas regiones.

No es un asunto menor que el Gobierno Nacional deba pagar millonarias indemnizaciones por los daños ocasionados en las campañas de fumigación, pues resulta paradójico que mientras el Estado estaría obligado a pagar esta cantidad de dinero, por otro lado debe conseguir al menos 1.2 billones de pesos para garantizar el funcionamiento durante los próximos cinco años de los programas de sustitución de cultivos ilícitos, cifra que no contempla las inversiones en infraestructura y servicios públicos.

Así como en mayo del 2015 el Consejo Nacional de Estupefacientes, ante las recomendaciones del Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud, decidió suspender las fumigaciones con glifosato, en la actualidad existe el fantasma de las aspersiones con este u otro componente químico, debido al inminente crecimiento de los cultivos ilícitos en el país y la presión política que esto genera.

El Gobierno debe evitar que su reacción frente a los resultados del sistema de monitoreo de cultivos ilícitos sea la reactivación de las campañas de fumigación. Seguir las recomendaciones del Ministerio de Defensa para fumigar con otras sustancias, de las que no conocemos sus efectos, sería borrar con el codo lo presentable que ha hecho la Cancillería en el exterior.

La solución a los cultivos ilícitos pasa por el fortalecimiento de la infraestructura local y la posibilidad de acceder a mercados para la venta de productos agrícolas, lo que contribuiría a recuperar la confianza que tienen las poblaciones que cultivan coca en el Estado. No hay que esperar a la firma de un acuerdo de paz para iniciar acuerdos de desarrollo territorial, el Gobierno debe resistir presiones para reactivar fumigaciones y redirigir los recursos que destina para la construcción de democracia y desarrollo.