The Law as a Form of Politics

Muchos colombianos piensan que aquí pasa algo parecido con el derecho; es decir, que los debates jurídicos son la continuación de la política por otros medios. Al menos esta parece ser la opinión del 73% de los bogotanos que opinan que la destitución de Petro es injusta.
Los defensores del procurador y la ortodoxia jurídica, por su parte, se defienden diciendo que lo único que hizo Ordóñez fue aplicar la Constitución y la ley y que si la ejecución de esas normas produce resultados inconvenientes para el sistema democrático, ello no es de su incumbencia, dado que los funcionarios públicos sólo deben pensar en aplicar el derecho de manera neutral y técnica.
A mi juicio ambas posiciones simplifican un problema (el de la relación entre derecho y política) que es mucho más complejo.
La idea de que el derecho es una ciencia pertenece más al mundo de la ideología política que al de una teoría seria del derecho. En la práctica, la mayoría de sus defensores abrazan esa idea sólo cuando les conviene (así lo hicieron los nazis en Alemania). El procurador, por ejemplo, se apega a la letra de la jurisprudencia para destituir a Petro, pero cuando esa misma jurisprudencia va en contra de sus convicciones, como en el caso de los derechos sexuales de las mujeres, la desconoce y se inventa la interpretación gaseosa que más le conviene. Lo mismo le pasa con el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH). Cuando se trata de Petro, Ordóñez desconoce ese ordenamiento y llega incluso a negar la obligatoriedad de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana pudiera eventualmente tomar. Sin embargo, cuando se opone al Marco jurídico para la Paz, ahí sí invoca el DIDH contra las Farc, e incluso acude a la Corte Penal Internacional para exigir que Colombia acate ese ordenamiento.
De otra parte, quienes sostienen que el debate jurídico es irrelevante y que lo único que vale es el poder político, también abusan del derecho (basta ver las decenas de tutelas interpuestas a favor de Petro) y desconocen su valor intrínseco. El procurador pudo hacer lo que hizo porque el ordenamiento jurídico está mal hecho. Las tropelías de Ordóñez no sólo son el producto de su ideología ultramontana y de su clientelismo desmedido, sino también de un derecho que, como se dice, le dio papaya. Otra cosa habrían escrito los constituyentes del 91 de haber sabido que, veinte años después, un personaje retrógrado y sectario se apoderaría de la Procuraduría.
Así pues, ¿es el derecho la continuación de la política por otros medios?; sí, pero esos medios delimitan y restringen el uso posible de la política y por lo tanto tienen un valor que no es reducible al crudo ejercicio del poder.
Para acabar con esta tormenta jurídica, que adquiere matices cada vez más alarmantes, es necesario, en el mediano plazo, reformar la Procuraduría o incluso acabar con ella y, en el corto plazo, tutelar los derechos políticos del alcalde (un mal alcalde, si se quiere, pero al que se le violaron esos derechos) y esperar a que los magistrados de la Corte Constitucional (eventualmente los de la Corte Interamericana) decidan el asunto de fondo. Después de todo, son ellos los jueces más cercanos a la política y los que, por lo tanto, mejor deberían saber valorar aquello de los límites propios del derecho cuando se utiliza como continuación de la política.