Wire-Tapping to Be Evaluated by the OECD?

Para contribuir a la verificación del cumplimiento de sus estándares, me notificaron del MinTIC, el ministerio más digital, sobre una reunión con un experto en privacidad y ciber-seguridad. Me preparé entonces para contar nuestra historia de chuzadas, el escándalo de Andrómeda, los riesgos de PUMA, pero sobre todo para exponer la falta de garantías y la ausencia de controles que las nuevas tecnologías y algunas normas colombianas representan para la intimidad de los colombianos.

El primer incumplimiento de estándares de intimidad que me saltó a la mente fue la ingenuidad de la ley de inteligencia que dice “el monitoreo (del espectro) no constituye interceptación (de comunicaciones)”. En Colombia, está prohibido interceptar (o chuzar) sin orden judicial y para poder oír conversaciones privadas sin necesidad de un juez, la ley de inteligencia, como lo rescata Carlos Cortés, se inventó que el monitoreo era un rastreo de sonidos muy distinto al de oír las conversaciones ajenas. Incluso la Corte Constitucional cuando analizó el artículo pertinente dijo, palabras más palabras menos, que la diferencia entre el monitoreo y la interceptación era que el primero requería orden judicial y el segundo no, y nos dejó en las mismas, pues nada explica que monitorear, en el fondo, no sea chuzar.

Parecida a las chuzadas es la obligación que tienen los proveedores de servicios por internet de entregar a los organismos de inteligencia, sin necesidad de autorización judicial, “cualquier información que contribuya a la localización de sus usuarios”. Es un poco como permitir que el nuevo DAS, sin ningún análisis judicial previo de proporcionalidad y legitimidad, le solicite a ETB o a Tigo que le entregue masivamente información personal de suscriptores donde consten no solo las direcciones y teléfonos de nuestras relaciones telefónicas o de internet sino las relaciones y los patrones de comportamiento de sus usuarios. Y esto se agrava no solo porque el historial de nuestra inteligencia deja mucho que desear, sino sobre todo porque la definición de qué es inteligencia y quiénes la hacen es ambigua. Así pues, queda muy difícil tener claridad sobre quién, cuándo y porqué tiene derecho a tener toda la información de nuestras vidas privadas.

Un tercer punto para llamar la atención de los evaluadores de la OCDE sería el decreto 1704 de 2012 que amplía las facultades de la Fiscalía para hacer interceptaciones. Ya fue suspendido este decreto por el Consejo de Estado porque permitía que otras autoridades chuzaran y esta facultad está reservada para la Fiscalía: si muchas autoridades tienen la competencia, se fragmenta la responsabilidad de obtención de información personal y se pone en riesgo el derecho a la intimidad. Pero aún está por discutirse si la obligación que tienen los proveedores de internet de permitir el acceso de la Fiscalía a todo el tráfico que circula por sus redes no conlleva excesos con los demás usuarios que no estuvieren siendo investigados por la Fiscalía. Además, la tecnología, desde que se expidió dicho decreto, ha seguido cambiando y cada vez se vuelve más invasiva e invasora y no es claro si está o no incluida en la norma.

Por último, pensé en la falta de parámetros para armonizar las tensiones existentes entre el acceso a la información pública y el habeas data. El Estado tiene y controla mucha información nuestra que además es información pública. ¿Puede el Estado entregarla cuando la pide un ciudadano o debe mantenerla reservada? Hay autoridades que dicen que sí, y hay otras agencias públicas que dicen que no. Esto fue lo que sucedió, por ejemplo, cuando los firmantes de la revocatoria de Petro vieron con horror que sus datos estaban siendo entregados a los asesores del alcalde, quienes legítimamente quisieron revisar si las cédulas y las firmas eran ciertas. ¿Qué represalias podrían derivarse de semejante revelación?

Repasaba todos esto mientras empezaba a oír al evaluador en la reunión, informando que su unidad es de ciber-seguridad pero que este término es equívoco porque a él sólo le interesan la privacidad y la seguridad en el mundo económico y comercial. Dice que el que quiera cuestionar las normas de inteligencia colombiana y la falta de protección de los derechos humanos, debe ir a la OTAN, o a la ONU, pues a la OCDE esto no le importa. ¡Que bestia yo! Se me ha debido ocurrir antes que se estaba hablando de una carrera para ingresar al club del desarrollo económico…no para el del desarrollo sostenible que trasciende la economía. Pues qué bueno que nos evalúen para ver si podemos entrar al club de los ricos, y ojalá pasemos el examen, pero ojalá pasemos también las otras evaluaciones, las de los derechos humanos, los fundamentales. De lo contrario, ya me imagino a qué gente se puede estar refiriendo el Secretario General de la OCDE, Angel Gurría, cuando dice que “…es la gente de Colombia, primero y sobre todo, quien cosechará los beneficios de la membrecía de Colombia en la OCDE”.