El 19 de marzo de 2002 la Corte Suprema de Justicia, declaró públicamente su intención de inaplicar los fallos de tutela proferidos por otras corporaciones judiciales, que ordenaran anular o modificar las providencias que dicha Corte hubiere emitido como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. En palabras del presidente de la Corporación, la acción de tutela no procede contra providencias proferidas con ocasión del trámite de casación. En su criterio, tal decisión busca «defender la seguridad jurídica del país, la cosa juzgada y el respeto al orden y a la estructura señalados en la Carta Fundamental de los colombianos».

Escuela de estudios y acciones legales que avanza en el uso de la ley para la transformación social. Originada en la Europa Continental y Latinoamérica en la década de los 70, se establece a sí misma como uno de los más destacados lugares prácticos y teóricos en el desarrollo de la crítica al positivismo legal. Dado su enfoque hacia las relaciones entre ley, política y el contexto social, ha incitado una amplia gama de estudios académicos y debates públicos inspirados por una aproximación sociológica.

Reseña del libro que recoge los trabajos recientes del IEPRI sobre los cambios del conflicto armado en Colombia desde los noventa.

Reseña del intercambio entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Wisconsin-Madison sobre democracia participativa. (Con Erik Olin Wright) (Footnotes, Revista de la American Sociological Association, 2004)

César Rodríguez critica a los grupos antiaborto y a la Corte Constitucional por desconocer con sus acciones la masiva violación de los derechos de las mujeres revelada por las cifras recientes sobre violencia sexual.

El texto analiza la evolución de la figura del bloque de constitucionalidad en Colombia y en derecho comparado y muestra su importancia para incorporar en el ordenamiento nacional los estándares de derechos humanos. Luego de explicar el sentido de esta figura, el texto describe su evolución en la jurisprudencia constitucional colombiana y analiza los principales problemas jurídicos y conceptuales que plantea aún esa figura, proponiendo soluciones doctrinarias, que favorezcan la aplicación por los jueces nacionales del derecho internacional de los derechos humanos.