El texto sintetiza el alcance del bloque de constitucionalidad en Colombia, como figura que permite la aplicación interna del derecho internacional de los derechos humanos. Luego de proponer una sistematización doctrinaria del alcance de esta figura, muestra algunas de sus principales aplicaciones en el campo penal, y especialmente procesal penal.

El artículo muestra las relaciones que pueden hacerse entre la práctica de la interpretación constitucional y los problemas de la fundamentación de la universalidad de los derechos humanos. Para ello el artículo hace un estudio sistemático de la forma como la jurisprudencia constitucional colombiana, alemana y estadounidense han resuelto las tensiones entre el derecho a la intimidad y la liberad de información, y muestra que a las distintas formas de solución de esas tensiones corresponden distintos conceptos de democracia constitucional. Y sostiene que la armonización práctica de esas tensiones constitucionales es una muestra de que es posible alcanzar, por medio del diálogo y de la ponderación, una cierta universalidad de los derechos humanos, que sea respetuosa de la diversidad de perspectivas para entenderlos. Y en eso consiste la ?uni-diversalidad?.

El artículo debate las tres grandes controversias suscitadas por la tutela, a saber, (i) en qué medida ella ha sido un factor de congestión y qué hacer con la posible congestión que ha provocado; (ii) en qué medida esa acción judicial ha provocado inseguridad jurídica y ha afectado la cosa juzgada, debido a la existencia de tutela contra providencias judiciales, y qué se debe hacer frente a ese fenómeno; y, (iii) finalmente, si debe o no mantenerse la tutela para los derechos sociales. El artículo analiza esos tres puntos, intentando en cada uno de ellos reseñar la situación y los términos del debate, para luego ofrecer algunas perspectivas de solución.

El artículo analiza los alcances y límites de las tentativas de la Corte Constitucional colombiana por controlar el abuso de los estados de excepción. Luego de mostrar los dilemas que plantean los estados e excepción a los regímenes constitucionales, el artículo describe el contexto colombiano (una democracia pero en estado permanente de emergencia) y presenta la forma como la Corte Constitucional ha adelantado, desde 1992, un control ?material? de la declaratoria de los estados de excepción por el presidente, según la cual, es deber del juez constitucional examinar si los hechos invocados por el gobierno constituyen o no una crisis suficiente para legitimar el uso de los poderes de excepción. El artículo trata de explicar como ese control ha sido posible en una democracia precaria y con conflicto armado como la colombiana y cuáles efectos podrían atribuirse a ese control.

El artículo hace un balance general de la situación de la justicia colombiana, mostrando que ésta combina rasgos paradójicos, pues tiene un indudable protagonismo pero igualmente presenta profundas deficiencias. Esa situación explica la existencia de diagnósticos encontrados sobre la justicia colombiana y por ello ésta se encuentra en la encrucijada, ya que podrían aprobarse reformas que profundicen algunas transformaciones democráticas de la misma, o que por el contrario impliquen regresiones autoritarias.

El artículo analiza las razones del auge de la llamada justicia informal y comunitaria en los últimos años en Colombia y América Latina. Igualmente muestra las potencialidades democráticas de esas formas de justicia ?como son su carácter participativo y consensual, que favorecen la paz y la democracia- pero también sus riesgos antidemocáticos, como la canalización de las demandas sociales. Por ello propone superar una aceptación ingenua y total de esas justicias y diseñar estrategias que deliberadamente fortalezcan sus potencialidades democráticas y minimicen sus riesgos. El texto termina mostrando el importante papel que en ese campo puede tener la justicia de paz, como institución bisagra entre la justicia estatal y la justicia puramente comunitaria.