La semana pasada, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el modelo de administración de la rama judicial introducido en el “equilibrio de poderes”. La sentencia C-285 de 2016 desató una indignación de tirios y troyanos que llegaron a calificar a la Corte como “dictatorial” o a compararla con un emperador.

LA COMISIÓN INTERAMERICANA de Derechos Humanos (CIDH) ha sido fundamental para la lucha por la democracia en América Latina pues en muchos casos ha sido la única institución a la cual han podido recurrir las víctimas de atropellos, cuando no han encontrado respuesta en sus propios países, como los familiares de los desaparecidos de las dictaduras argentina o chilena, o de masacres en Colombia, o los perseguidos políticos en Venezuela, o los periodistas censurados en Ecuador. Y la CIDH ha jugado también un papel esencial en momentos cruciales, como la resistencia de los peruanos frente a la dictadura de Fujimori o la investigación sobre los estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa.

Hace un par de semanas la facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional homenajeó a un grupo de docentes por su trayectoria académica. Entre ellos estaba el sociólogo Miguel Ángel Beltrán, quien, como la opinión publica sabe, fue destituido por la Procuraduría, acusado de colaborar con las Farc y posteriormente condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.