Era un día soleado de febrero, y la puerta de entrada de la casa de familia estaba adornada con una cinta morada. En la sala saltaban a la vista las fotos de Juanse, y los cuadros que sus amigos le habían regalado. Hablamos por horas con sus padres y su hermana, conocimos a Juanse a través de la familia que hacía dos semanas había acompañado la partida de su hijo y hermano de 14 años.

En Colombia, durante todo el siglo XX, se expidieron leyes agrarias que regulaban la propiedad y la explotación de la tierra, una de las causas más prominentes del conflicto armado. Las más importantes fueron la Ley 200 de 1936, la Ley 135 de 1961, la Ley 1° de 1968 y la Ley 160 de 1994. Todas, propuestas ambiciosas.  Sin embargo, la implementación de estas leyes ha sido un fracaso.

Existen medios de lucha que son tan atroces que no existe ningún ideal, por noble que sea, que permita justificarlos. El secuestro de civiles es uno de ellos y por ello esta práctica atroz es condenada en forma casi unánime por todos los colombianos. Estos secuestros son además en el derecho internacional un crimen de guerra y, si son cometidos en forma generalizada o sistemática, configuran también un crimen de lesa humanidad.