Thinking with Bubbles: Human Rights, Inequality and Poverty

Ese es el caso de Gapminder, una enorme base de datos en línea que permite comparar el desempeño de los países en cientos de indicadores, en series largas de tiempo, utilizando burbujas de distintos colores y tamaños para representar magnitudes o algunas de sus características. Se trata de un “museo” moderno, sin ánimo de lucro, que ayuda a hacer el mundo más comprensible y a promover el desarrollo humano mediante el conocimiento. Para la comunidad de derechos humanos puede ser también una poderosa herramienta para fundamentar sus análisis empíricamente e, incluso, para ayudarle a responder, de forma gráfica e innovadora, algunas de sus preguntas más difíciles.

Hans Rosling, uno de los fundadores de la iniciativa, publica periódicamente videos en los que muestra el potencial de las estadísticas para responder a preguntas como la de si es posible o no erradicar la pobreza del mundo de aquí a 2030, o a derribar prejuicios como el de que los países más pobres no pueden alcanzar a los ricos con las políticas acertadas. Estos videos también sirven como experimentos sociales en los que, por ejemplo, Rosling ha probado que tendemos a subestimar el progreso en indicadores sociales y a desconocer la impresionante transformación que el mundo ha experimentado en términos de aumento de la calidad de vida en los últimos dos siglos, como lo muestra el siguiente gráfico. En él se presenta una comparación entre las tasas de mortalidad infantil en menores de 5 (por cada mil nacidos vivos, en el eje vertical) entre el año 1800 y el 2015,  clasificando los países por su nivel de ingreso per cápita (eje horizontal). Cada círculo representa un país: el color muestra el continente al que pertenecen y su diámetro refleja el tamaño de la población.

Tasa de mortalidad infantil y nivel de ingreso per cápita en distintos países (1800 vs 2015). 

Para el año 1800, las tasas de mortalidad eran dramáticamente altas, llegando a ser de casi 550 por cada 1000 nacidos vivos en el territorio de Yemen. Aun incluso en los países más ricos, como el Reino Unido u Holanda, 1 de cada 3 niños moría antes de llegar a los 5 años. En cambio, en 2015 no hay un país en el que más del 16% de los niños mueran antes de llegar a esta edad. Las brechas, sin embargo, siguen siendo enormes, mientras que en Angola mueren 157 de cada 1000 niños antes de llegar a los 5 años, en Islandia mueren 2. La desigualdad entre países, así como al interior de los países es extremadamente alta. En Colombia un niño menor de 5 años tiene 4,7 veces más probabilidades de morir si nace en el departamento de Guainía que en una ciudad como Arauca, o 3 veces más si es indígena que si no lo es.

La desigualdad ha venido incrementándose tanto a nivel de ingresos como en algunos indicadores de desarrollo humano, y además de ser innecesaria e injustificable para lograr otros fines (como algunos pretenden argumentar), representa un obstáculo para la garantía de los derechos. Sin embargo, si bien esta preocupación por la desigualdad se ha ido incorporando con más fuerza en el campo, existen varios desafíos para encararla y contrarrestarla como la amenaza que representa para la vigencia de los derechos humanos. Un primer desafío es normativo, pues salvo la Declaración Sobre el Derecho al Desarrollo no es claro que el derecho internacional de los derechos humanos incorpore explícitamente una preocupación por la desigualdad de ingresos como un problema intrínseco de derechos humanos. Un segundo desafío es de corte práctico, pues para enfrentarla es necesario buscar apoyos tácticos con expertos de otras disciplinas, con Estados e instituciones multilaterales y por supuesto con los movimientos sociales. Y un tercer desafío es metodológico, y ahí es donde herramientas como Gapminder, y en general un aprovechamiento de otras técnicas estadísticas, pueden prestarles un enorme servicio a los activistas en derechos humanos. Veamos un ejemplo.

En el siguiente gráfico se presenta la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de acuerdo al nivel de desigualdad (medido por el índice de Gini en el eje vertical, un indicador en el que 0 refleja una sociedad perfectamente equitativa y 1 la desigualdad más extrema)  y por el nivel de ingresos (medido por el PIB per cápita en el eje horizontal). El diámetro de los círculos refleja la tasa de homicidios que tenía cada país en 2005 (entre más grande sea el círculo más violencia homicida hay en el país) y el color el continente al que pertenecen.

Tasa de homicidios en distintos países clasificados por nivel de desigualdad e ingreso per cápita (2005). 

El segmento A muestra cómo cambia la tasa de homicidios en los países menos desiguales a medida que cambia el ingreso. Y el segmento B muestra cómo cambia la tasa de homicidios en los países más ricos cuando cambia la desigualdad. Mientras que entre los países del segmento A el tamaño de los círculos tiende a ser pequeño y similar (es decir la tasa de homicidios es baja y homogénea aun cuando cambia el nivel de ingresos), salvo para el caso de los países más pobres de África, para los del segmento B, que son los más ricos, resulta mucho más claro que a medida que aumenta la desigualdad el tamaño de los círculos (es decir, la tasa de homicidios) es mucho mayor. Esto quiere decir que, dejando el otro factor constante, la violencia homicida se incrementa más a medida que crece la desigualdad que cuando aumentan los niveles de pobreza.

Con la econometría, y aislando la influencia de otros factores, estas intuiciones gráficas podrían reflejarse en indicadores numéricos relevantes para incorporar la preocupación por la desigualdad en una perspectiva de derechos. De esta forma sería posible calcular cuánto es el costo en términos de un mayor riesgo para el derecho a la vida (es decir, cuánto aumenta la probabilidad de ser víctima de violencia homicida) de vivir en una sociedad más desigual, dado un determinado nivel de ingresos. En otros términos, cuánto cuesta la desigualdad en aumento de homicidios.

El uso de métodos estadísticos permitiría defender con más fuerza que no es posible lograr avances sustanciales en la protección de derechos (como el derecho a la vida u otros) si no hay progresos sustanciales en combatir la desigualdad.