Colombia cambia de rumbo: ¿Cómo el nuevo gobierno puede redefinir la política exterior colombiana y los equilibrios políticos de América Latina?

La llegada del nuevo gobierno colombiano no constituye únicamente una alternancia democrática. Representa una redefinición del proyecto político y del papel que Colombia busca desempeñar en el escenario internacional, cuyas implicaciones trascienden las fronteras nacionales y se inscriben en una reconfiguración más amplia del mapa político latinoamericano.

Durante la última década, distintos países latinoamericanos han experimentado rápidos cambios de orientación política. Estos procesos responden, en parte, al creciente descontento ciudadano frente a problemas persistentes como la desigualdad, la inseguridad, la corrupción y la limitada capacidad de los gobiernos para ofrecer respuestas sostenidas. El mapa político latinoamericano ha experimentado un marcado desplazamiento hacia la derecha, con el ascenso de proyectos conservadores que han capitalizado, justamente, aquel descontento.

En este contexto,la transición entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella trasciende la política doméstica. Más allá de la redefinición del proyecto político nacional, el cambio de gobierno abre interrogantes sobre el papel que Colombia desempeñará en América Latina y en el Sur Global, así como sobre la continuidad o transformación de la estrategia internacional adoptada durante los últimos años.

Del progresismo a un nuevo proyecto político

Las prioridades que un gobierno establece hacia el interior del Estado condicionan la forma en que un país define sus alianzas, ejerce liderazgo regional y se proyecta en el escenario internacional. En ese sentido, la transición entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella supone mucho más que la alternancia en el poder: representa un cambio en el modelo de desarrollo y en la concepción del papel del Estado.

El gobierno Petro impulsó un proyecto que articuló la reducción de las desigualdades, la ampliación de derechos, la implementación de la Paz Total y la transición energética como pilares de una transformación económica y social. Desde esta perspectiva, el Estado debía asumir un papel activo en la corrección de desigualdades estructurales y en la promoción de agendas como la justicia climática y la protección de los derechos humanos, si bien con resultados variables. 

El nuevo gobierno propone una orientación diferente. Su proyecto prioriza la seguridad, el crecimiento económico, la inversión privada y la competitividad como principales motores del desarrollo. Ello implica un mayor énfasis en la recuperación militar del control territorial y el combate al crimen organizado así como la revisión de algunas políticas relacionadas con la transición energética y la intervención del Estado en la economía.

Más allá de las diferencias programáticas, el cambio refleja una redefinición de las prioridades nacionales y del modelo de desarrollo que orientará la acción estatal durante los próximos años. Esta transformación no solo tendrá efectos sobre la política interna, sino que también condicionará la manera en que Colombia buscará posicionarse en América Latina, redefinirá sus alianzas estratégicas y participará en debates internacionales como la transición energética, la seguridad regional y el papel del Sur Global en la gobernanza global.

La redefinición de la política exterior colombiana

Durante Petro, Colombia buscó proyectarse como una voz del Sur Global y aumentar su autonomía diplomática. Asumió un papel activo en el debate climático y la protección de la Amazonía; adoptó posiciones críticas frente a las acciones de Israel y defendió con fuerza la causa Palestina; mantuvo una relación muy tumultuosa —aunque no de ruptura—  con Estados Unidos y buscó revitalizar el diálogo latinoamericano y fortalecer espacios regionales. En espacios multilaterales, los discursos de Petro a veces rozaban lo incendiario pero, en general, Colombia participó activamente y de una forma productiva para avanzar agendas internacionales de problemas colectivos. 

El nuevo gobierno parece ir en una dirección opuesta. Es muy probable que haya un acercamiento distinto a Washington y que Estados Unidos tenga un papel más influyente, incluso decisivo, en la agenda nacional e internacional de Colombia. Trump apoyó abiertamente la candidatura de ADLE y Marco Rubió ha manifestado que quiere enfocar la relación bilateral en “avanzar en la cooperación en seguridad regional, terminar la migración ilegal a EE.UU. y endurecer nuestros lazos económicos”. Además de estos guiños de Estados Unidos, ADLE es estadounidense, y ha dicho que admira a Trump y sus políticas. Ya el 12 de agosto de 2026 Colombia se unió como miembro 19 del “Escudo de la Américas” liderado por EE.UU. y autorizó a EE.UU. a realizar operativos militares en su territorio; esto represente un giro significativo en la política de seguridad y exterior del país.

También habrá una recomposición de la relación con Israel; ADLE ya confirmó que una de las primeras decisiones de su política exterior será la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén. Según el comunicado, esta decisión se basa en fortalecer “la presencia del país en escenarios considerados prioritarios para los intereses nacionales”. El Gobierno también decidió apartarse del consenso internacional, ir en contra del derecho internacional y alinearse con Estados Unidos al reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán. Esta decisión no es menor; representa una dirección antitética de la tradición colombiana de respeto al derecho internacional.

Es muy probable, también, que haya una revisión del liderazgo de Colombia en espacios multilaterales, cuando no su retirada completa de estos espacios, especialmente en temas clave de la administración anterior, como el enfrentamiento al cambio climático. 

ADLE ya anunció que Omar Bula Escobar será el nuevo canciller de relaciones exteriores. Bula tiene una larga trayectoria diplomática, más de 20 años, particularmente con la ONU (en países como Ecuador, Sudán, Italia y Egipto). Ha sido profesor, escritor y conferencista con perspectivas alineadas “con el trumpismo MAGA de Estados Unidos”. Apoyó a ADLE desde los inicios de su campaña en 2025. Parece ser un nombramiento que premia la lealtad. Además, el padre de Bula fue el padrino de bautizo de ADLE. Sus opiniones son radicales y a veces conspiratorias, mientras busca aliarse con Trump y los EE. UU, quiere alejarse de la agenda globalista. 

Con Bula en esta posición de poder, podemos esperar que EE. UU intervenga en la agenda de Colombia en muchos sentidos, que se acerque a otros gobiernos de derecha —con mayor énfasis en seguridad e inversión extranjera— y que promueva propaganda contra la política globalista, y la izquierda.

Colombia en la reconfiguración política latinoamericana

La transición colombiana coincide con una recomposición de los equilibrios políticos de América Latina, marcada por un claro desplazamiento hacia la derecha. En los últimos años, gobiernos de derecha y ultra derecha han ganado terreno en varios países de la región. Argentina, con Javier Milei; Ecuador, con Daniel Noboa; Chile, con José Antonio Kast; y más recientemente Perú, con Keiko Fujimori, reflejan una tendencia que hoy también incorpora a Colombia. Este giro reposiciona debates sobre los modelos de desarrollo, las estrategias de seguridad, el papel del Estado y la orientación de la política exterior. 

Si bien cada proceso electoral responde a dinámicas nacionales particulares, diversos análisis coinciden en que este cambio regional encuentra explicación en factores compartidos: la inseguridad, la persistencia de profundas desigualdades sociales y el desencanto ciudadano frente a gobiernos percibidos como incapaces de ofrecer respuestas efectivas. En ese contexto, la seguridad y la estabilidad económica han desplazado a otros temas que dominaron la agenda regional durante la última década, favoreciendo proyectos políticos que prometen mayor autoridad estatal, control del crimen y recuperación de la confianza de los mercados.

Más que confirmar una tendencia regional, el caso colombiano permite observar sus posibles efectos. Como una de las principales economías de América Latina, aliado histórico de Estados Unidos y actor estratégico en asuntos como la Amazonía, la migración y la seguridad hemisférica, un cambio en la orientación política de Colombia tiene el potencial de incidir en los equilibrios políticos de la región. Asimismo, puede influir en el funcionamiento de los mecanismos de integración regional, en la coordinación frente a desafíos compartidos —como la migración, la seguridad y el cambio climático— y en la capacidad de América Latina para proyectar una voz más cohesionada en un escenario internacional marcado por crecientes tensiones geopolíticas.

Las instituciones como herramienta clave para garantizar el equilibrio de poder, la alternancia y la democracia

Si bien la llegada del nuevo gobierno abre una nueva etapa para la política exterior colombiana, el debate no debería reducirse a la orientación ideológica del gobierno de turno. La historia reciente de la región demuestra que las democracias son, por naturaleza, escenarios de alternancia y cambio. 

El debate debe concentrarse, también, en la capacidad de sus instituciones para garantizar que las transiciones ocurran dentro del Estado de derecho, con respeto por las reglas electorales, la separación de poderes y las libertades fundamentales. La experiencia reciente de Brasil resulta ilustrativa: pese a la fuerte polarización política, los cuestionamientos al sistema electoral y los intentos por desconocer los resultados de las elecciones de 2022, la actuación coordinada de instituciones como el Tribunal Superior Electoral, el Supremo Tribunal Federal y otras entidades del Estado permitió preservar el orden constitucional y asegurar una transición democrática del poder entre gobiernos de ideologías polarizantes. Más que un caso excepcional, Brasil demuestra que la resiliencia democrática depende de contar con instituciones capaces de corregir posibles derivas autoritarias. 

En ese sentido, el futuro de Colombia dependerá no solo de la orientación del nuevo gobierno, sino de la capacidad de sus instituciones para preservar el equilibrio democrático mientras el país redefine su lugar en una América Latina en transformación.