Aliviar el bolsillo hoy a costa de enfermar el futuro

En Colombia,  en los últimos días se ha hablado mucho de desmontar los impuestos saludables. Esas propuestas parecen ignorar que hoy  más del 70% de las muertes en el mundo y en el país  no vienen de accidentes ni de epidemias repentinas, sino de enfermedades crónicas (diabetes, cáncer, hipertensión, etc) que se gestan poco a poco y cuyo riesgo aumenta con dietas basadas en ultraprocesados.  Entonces, mientras algunos congresistas discuten bajar impuestos, los hospitales siguen llenándose de las mismas enfermedades de siempre. 

La cuenta, además, no es solo humana: un informe del Foro Económico Mundial y Harvard calcula que esas enfermedades le costarán a la economía mundial cerca de 30 billones de dólares en los próximos 20 años. Aún así, pocos temas generan tanto rechazo como los impuestos, así que prometer eliminarlos siempre resulta popular, más aún si el argumento es aliviar el bolsillo de las familias y fortalecer el de los tenderos. 

Este impuesto no fue un capricho de un gobierno, sino el resultado de años de incidencia de organizaciones de la sociedad civil, construido sobre evidencia técnica sólida. Y esa evidencia es clara: los impuestos saludables cumplen una doble función. En el corto plazo generan recursos públicos y, al encarecer productos nocivos para la salud, desincentivan su consumo; en el largo plazo, contribuyen a prevenir enfermedades y a aliviar la presión sobre el sistema de salud. Por eso presentar la salud y el recaudo como objetivos incompatibles es un falso dilema: si un impuesto mejora las decisiones de consumo y, al mismo tiempo, fortalece las finanzas públicas, ambas cosas son una ganancia para la sociedad.

Cuatro razones para no desmontarlo

Primero, porque los impuestos saludables son una herramienta de salud pública. Al aumentar el precio de productos cuyo consumo está asociado con efectos negativos sobre la salud, reducen su asequibilidad y desincentivan su consumo. No se trata de una apuesta sin evidencia. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), considera estos impuestos una de las políticas más costo-efectivas para reducir el consumo de productos nocivos y prevenir enfermedades no transmisibles. Además, destaca una característica fundamental: pueden producir una triple ganancia, al reducir el consumo, generar ingresos fiscales inmediatos y disminuir, en el largo plazo, los costos asociados a la atención en salud. 

La experiencia internacional respalda estos resultados. México, que grava las bebidas azucaradas desde 2014, registró una reducción de entre 6 % y 8 % en sus compras durante el primer año. Chile ofrece otro ejemplo: después de implementar en 2014 el impuesto a las bebidas con mayor contenido de azúcar, las compras de los productos sujetos a la tarifa más alta se redujeron en 21,6 % . 

En Colombia, esta lógica fue respaldada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-435 de 2023, que reconoció que el derecho a la salud también tiene una dimensión preventiva y, por tanto, permite al Estado adoptar medidas antes de que las personas enfermen. La Corte reconoció, además, la finalidad extrafiscal del impuesto: no se trata únicamente de recaudar, sino de proteger la salud pública. De ahí que su diseño responda al contenido de azúcar de las bebidas: aquellas con mayor concentración de azúcar enfrentan una mayor tarifa, creando un incentivo tanto para reducir su consumo como para que la industria reformule sus productos.

Segundo, afirmar que el impuesto saludable perjudica especialmente a los hogares de menores ingresos porque aumenta los precios cuenta solo una parte de la historia. Es cierto que un impuesto al consumo puede ser regresivo si los hogares de menores ingresos destinan una mayor proporción de sus recursos a los productos gravados. Pero eso no significa que este impuesto sea el principal responsable del encarecimiento de su alimentación.

Un estudio de Dejusticia muestra que, entre 2019 y 2024, lo que más ha encarecido la alimentación de los hogares no son los productos gravados por el impuesto saludable. Los precios de los alimentos frescos y básicos han aumentado mucho más, mientras que los productos ultraprocesados han tenido un peso relativamente pequeño en la inflación. En otras palabras, el aumento del costo de la alimentación de los hogares, especialmente de los de menores ingresos, responde mucho más al encarecimiento de los alimentos frescos que al impuesto saludable. 

Por eso, para evaluar si el impuesto perjudica a los hogares de menores ingresos no basta con preguntar cuánto subió el precio de una gaseosa o de un producto ultraprocesado. También hay que preguntarse qué está encareciendo realmente la alimentación de estos hogares y qué beneficios obtienen al reducir el consumo de productos asociados con mayores riesgos para la salud.

Y hay una dimensión adicional que suele olvidarse: ¿quién soporta los costos de las enfermedades asociadas con dietas poco saludables? Una familia de bajos ingresos no solo es vulnerable al aumento de los precios; también lo es frente a los gastos, la pérdida de ingresos y la pérdida de bienestar que puede producir una enfermedad. Por eso, juzgar el impuesto únicamente por lo que ocurre en la caja del supermercado ofrece una fotografía incompleta. 

Tercero, porque la preocupación por los tenderos es legítima, pero todavía debemos distinguir entre una caída en las ventas y su causa.  Fenalco ha reportado que muchos tenderos consideran que el impuesto saludable ha reducido las ventas de gaseosas, snacks y otros productos gravados. Esa preocupación no debe ignorarse.  Sin embargo, las tiendas de barrio no sólo venden estos productos y enfrentan al mismo tiempo otros problemas, como mayores costos de operación, competencia por parte de las tiendas de cadena, inseguridad, entre otras.

La evidencia disponible sí muestra una reducción en la compra de algunos productos gravados —que es justamente uno de los objetivos del impuesto—, pero esto no demuestra que hayan caído los ingresos totales de los tenderos ni que el impuesto sea responsable de la crisis de sus negocios. 

Cuarto, porque eliminarlo también tiene un costo fiscal. En 2025 los impuestos saludables habrían recaudado alrededor de $3,3 billones, cerca del 1 % del recaudo tributario nacional. Puede parecer una proporción pequeña, pero no es irrelevante en un contexto de fuertes restricciones fiscales. Además, el proyecto del Presupuesto para el 2027 incorpora estos ingresos dentro de las proyecciones fiscales, por lo que vale la pena explicar de dónde saldrán los recursos que lo reemplacen si se elimina.

Y aquí aparece otra discusión que nos parece mucho más interesante.

¿Bajar impuestos? Hablemos entonces de cuáles

Si el propósito realmente es aliviar la carga tributaria que soportan las personas, ¿por qué la prioridad tendría que ser desmontar los impuestos saludables?

Colombia tiene, por ejemplo, el impuesto a los movimientos financieros, el conocido 4×1000: recaudó cerca de $10,6 billones en la última década (6% anual del total) y recae sobre las transacciones financieras de todas las personas. Durante años ha sido cuestionado por sus posibles efectos negativos sobre la bancarización y el uso del sistema financiero, clave para el desarrollo económico.

Esto no significa que debamos eliminar el 4×1000 mañana, también genera un recaudo que tendría que reemplazarse. El punto es otro,  no todos los impuestos producen los mismos efectos ni persiguen los mismos objetivos.

Si vamos a hablar de “descargar” tributariamente a los colombianos, hagamos la discusión completa. Preguntemos cuánto recauda cada impuesto, quién realmente lo paga, qué comportamiento incentiva o desincentiva, qué externalidades busca corregir y qué ocurriría si desaparece.

Los impuestos saludables pueden perfeccionarse: discutir sus tarifas, revisar su base, simplificar su administración y acompañarlos con políticas que faciliten el acceso a alimentos saludables. Pero Colombia todavía necesita más datos y, sobre todo, más tiempo para evaluar sus efectos sobre el consumo, los hogares, los tenderos y la salud, cuyos beneficios se observan principalmente en el mediano y largo plazo.

La discusión debería ser cómo fortalecerlos y, si lo que se busca es aliviar la carga tributaria de ciudadanos y pequeños negocios, preguntarnos qué otros impuestos generan mayores distorsiones y podrían reformarse sin renunciar a una herramienta que busca proteger la salud y, al mismo tiempo, aporta recursos públicos.