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Justicia Económica

Promovemos un nivel de bienestar material para todos y todas que esté conforme con la dignidad humana


Justiciabilidad de
DESC

Promovemos la justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Buscamos la implementación de sentencias relevantes y proponemos políticas públicas.


Derecho a la
Alimentación

Trabajamos por el reconocimiento legal y la efectiva implementación del derecho a la alimentación saludable y la seguridad alimentaria. Buscamos visibilizar el problema de la desnutrición y el sobrepeso y promover el desarrollo de políticas públicas que detengan su expansión.


Justicia
Fiscal

Promovemos reformas fiscales que contribuyan a combatir la desigualdad socioeconómica, la injusticia y la pobreza.


Empresas &
Derechos Humanos

Elaboramos investigaciones e incidimos a nivel nacional e internacional, promoviendo mecanismos de rendición de cuenta efectivos por violaciones de derechos humanos en el contexto de actividades empresariales. Nos centramos en la implementación de normas internacionales, y en la rendición de cuentas empresarial en contextos de conflictos armados y sociedades en transición.

Comité de Derechos Económicos, Sociales & Culturales

Dejusticia acoge en su sede de trabajo a Rodrigo Uprimny, miembro del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales (2015-2018).

Comer sano, que debería ser un derecho, se nos volvió un lujo

Lanzamos una publicación para entender por qué mientras los alimentos reales se encarecen sin control, los ultraprocesados permanecen baratos y estables: una trampa de precios que hoy empuja a los hogares más vulnerables hacia dietas dañinas.

Explotar datos, manipular mentes: la estrategia de la industria de ultraprocesados

Colombia tiene un marco normativo que protege los datos personales de la niñez y establece condiciones estrictas para su uso. El perfilamiento para publicitar ultraprocesados no cumple ninguna de sus exigencias.

Códigos QR en empaques pequeños: ¿por qué Colombia debería cambiarlos por microsellos?

En Colombia, la ley obliga a informar claramente sobre el exceso de azúcar, sodio, grasas o calorías en los ultraprocesados, pero en los empaques pequeños permite reemplazar esa advertencia por un código QR. Una contradicción.

Comer bien en el colegio: la política está escrita, falta lo difícil

Pero una política no se mide por lo bien que está redactada, sino por lo que logra cambiar. Y ahí los retos son enormes.

El hambre que trae la sequía: El Niño y el derecho a comer en Colombia

El Niño no es solo un fenómeno del clima, también es un examen recurrente sobre qué tan en serio nos tomamos el derecho de cada colombiano a tener comida en la mesa. Todavía estamos a tiempo de prepararnos mejor para el episodio que ya está en curso.

Aliviar el bolsillo hoy a costa de enfermar el futuro

Los impuestos saludables reducen el consumo de productos nocivos, ayudan a prevenir enfermedades y generan recaudo. Desmontarlos exige considerar esos beneficios y explicar cómo se reemplazarían sus ingresos.

Acceso de personas con discapacidad y adultos mayores a las UCI: Corte dio órdenes para evitar discriminación

Si bien actualmente no nos encontramos en un momento de crisis como la de la pandemia por COVID-19, celebramos este fallo, pues será esencial en futuras emergencias.
La Oroya

Presentamos un amicus curiae junto a la Red DESC en el caso La Oroya vs. Perú

Presentamos un amicus ante la Corte IDH para insistir en la obligación de los estados de regular en relación con la contaminación.

Boletín de alimentación #3

A pesar de que en 2024 la inflación bajó un poco, en general los precios de los alimentos no han disminuido.

Cruce seguro: Sistemas de Retención Infantil y Derechos Humanos contra la siniestralidad vial en Colombia

Las políticas públicas en materia de seguridad vial no han adoptado hasta ahora medidas específicas orientadas a reducir la siniestralidad en niños.

Transición energética justa para La Guajira

Esta investigación analiza el proceso de transición energética en La Guajira y examina si sus cargas y beneficios se distribuyen de manera justa.

Proyectos destacados

Foto: Piyushgiri Revagar

El Tribunal Superior de Riohacha acaba de recibir un informe de Dejusticia con información útil sobre la vulneración de los derechos humanos de los wayúu en La Guajira. El documento serviría para avanzar en la implementación del reciente fallo de la Corte Constitucional, que pide la protección de las niñas y niños indígenas.

En la sentencia la Corte reconoció la vulneración de los derechos constitucionales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la participación étnica de un número significativo de personas en La Guajira, “en especial de niñas y niños wayúu”, y culpó a las autoridades por su “prolongada omisión en el cumplimiento de sus obligaciones”.

Conozca más sobre este caso aquí.

El 3 de agosto, en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Azuay ratificó el fallo de primera instancia que suspendió el proyecto minero Río Blanco. Una mina de oro y plata de  5.700 hectáreas que, desde que comenzó operaciones, en 2016, amenazaba de manera directa el bosque protegido Molleturo-Mollepungo, entre las provincias de Azuay y Cañar. Justo en el corazón del macizo ecuatoriano. Dejusticia había intervenido ante el tribunal.

Conozca más sobre este caso aquí.

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